Una acusada en el incendio de Chiloeches dice que firmó expedientes ya revisados

La que fue directora General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta entre julio de 2011 y julio de 2015, acusada en el juicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches, ocurrido en agosto de 2016, ha señalado que firmaba resoluciones de expedientes previamente revisados por técnicos y jefes de servicio y que su competencia no era corroborar los detalles de los mismos.

Así lo ha puesto de manifiesto en la tercera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara, en el que están acusadas 18 personas y tres empresas y serán llamados más de 120 testigos.

La Fiscalía pide para esta alto cargo, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental, doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, tres años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 28 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de catorce meses de prisión.

Esta ex alto cargo ha señalado que durante el tiempo que fue directora general de la Junta firmó más de 4.000 expedientes y que su firma era el paso final a un proceso de revisión de documentación y tramitación realizado previamente por técnicos y jefes de servicio de cuyo trabajo no dudaba.

Según ha señalado, un mes antes de dejar su cargo en 2015 una patrulla del Seprona pasó por las instalaciones afectadas por el incendio y señalaron que “no se detectaba ninguna infracción en las instalaciones”.

Durante la vista de este miércoles también se ha interrogado a otra acusada, que fue jefa de Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde mayo de 2013 hasta marzo de 2018.

Para esta acusada, la Fiscalía pide por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental, trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, dos años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 22 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de once meses de prisión.

Esta acusada ha señalado que ella no firmaba resoluciones sino que se encargaba de realizar trámites y ha señalado que tampoco tenía competencias sancionadoras y que en su momento remitió informes al área competente para valorar dichas sanciones.

Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.