Diputación de Guadalajara y UAH crearán un Observatorio de la Despoblación con sede en Molina de Aragón
Realizará evaluaciones de los efectos de las políticas que se están llevando a cabo y estudios e investigaciones para la adopción de nuevas medidas y estrategias que contribuyan a revertir los procesos de despoblación
viernes 29 de abril de 2022, 13:04h
La Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá (UAH) van a poner en marcha un Observatorio de la Despoblación, que tendrá su sede en Molina de Aragón. Así lo ha anunciado el presidente de la Institución Provincial, José Luis Vega, durante su intervención en la inauguración del Congreso “Señorío de Molina: corazón de la despoblación”, organizado por Next Educación.
José Luis Vega ha inaugurado el congreso junto a la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. En su discurso ha explicado que el Observatiorio de la Despoblación se creará a través de un convenio con al UAH y servirá “para saber realmente si las políticas que están haciendo la Diputación, el Gobierno regional y el Gobierno de España están surtiendo efectos en las zonas rurales”, porque “es importante saber si todo lo que estamos desarrollando al final llega a la población y a la generación de servicios”.
Actualmente se está diseñando la estructura y modelo del Observatorio de la Despoblación, que tendrá como funciones principales obtener un diagnóstico continuo de la evolución de la población, los servicios sociales y la actividad económica en las zonas rurales de la provincia.
También evaluará las políticas públicas que se están llevando a cabo, realizadas o apoyadas por la Diputación Provincial, con el fin de analizar su impacto económico y social, la satisfacción de las personas que residen en el territorio y realizará estudios e investigaciones que sustenten la adopción de nuevas medidas y estrategias que puedan contribuir a revertir los procesos de despoblación.
Reivindicación de medidas necesarias para las zonas rurales de Guadalajara.
Vega ha centrado el resto de su intervención en hacer un repaso de los programas que la Diputación ha puesto en marcha durante la actual legislatura para apoyar a las comarcas rurales de la provincia e intentar fijar población, sobre la base de unir la inversión y la dinamización de la actividad económica con el aumento y mejora de servicios en los pueblos, y en reivindicar cambios normativos necesarios para los pequeños municipios.
Entre las medidas puestas en marcha por la Diputación en esta legislatura, el presidente ha citado el programa “Como en Casa”, que genera empleo y actividad económica al tiempo que permite a cientos de personas mayores seguir residiendo en sus pueblos, las ayudas a los pequeños negocios rurales para inversión en maquinaria, las diferentes convocatorias dirigidas a ayuntamientos para inversiones (FOCODEM y Fondo de Inversión Municipal), el programa de instalación de cajeros automáticos y la creación de unidades técnicas en los Grupos de Acción Local para asistir a los pequeños municipios en la captación y gestión de fondos europeos.
En cuanto a medidas que corresponde adoptar a administraciones superiores, José Luis Vega ha vuelto a reivindicar “una fiscalidad y legislación diferenciadas para las zonas rurales”. Así, ha valorado positivamente las medidas fiscales introducidas en la Ley contra la Despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha reclamado que también a nivel estatal y europeo se tenga en cuenta la singularidad demográfica de Guadalajara, de forma que para acceder a medidas de apoyo a zonas despobladas se tome como referencia la situación específica de cada comarca y no el conjunto de la provincia, donde el crecimiento del Corredor del Henares altera las estadísticas y provoca que “las zonas más despobladas de Europa, como el Señorío de Molina o la Sierra Norte, queden actualmente fuera de acciones que sí llegan a provincias limítrofes”.
El presidente de la Diputación de Guadalajara ha abogado también por la elaboración de un estatuto para los pequeños municipios, que conlleve cambios en normas como la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Haciendas Locales para las zonas despobladas, ya que “no es razonable que se exija en pueblos de cien habitantes los mismos requisitos que en las grandes ciudades para la apertura de negocios, las licitaciones de contratos públicos, la obtención de licencias o la gestión de recursos municipales”.