IU no cree que los planes de empleo sean la solución cuando C-LM mantiene una tasa estructural de pobreza de más de 30%

Txema Fernández denuncia que “no es un éxito que planes de empleo que generan desigualdad salarial y laboral sean la solución para una región que mantiene una tasa estructural de pobreza de más del 30%”

El responsable regional de Política Institucional de Izquierda Unida, Txema Fernández, considera inaceptable que “la única medida guardada por el Gobierno autonómico en el ‘cajón de las propuestas que mejoran la vida de la clase trabajadora’ sea la legalización de la precariedad laboral, avalada por las sentencias judiciales, por el cobro de un salario inferior que el de los trabajadores del mismo ayuntamiento y en el mismo horario”.

Critica así en nota de prensa que “tratar de éxito un Plan de Empleo, que palía los efectos de políticas inútiles en esta situación de vulnerabilidad, es querer poner una tirita en una herida abierta”.

De hecho, y ante la firma del presidente regional, Emiliano García-Page, de los convenios de financiación del Plan de Empleo 2022-2023 con las cinco diputaciones de la región, Txema Fernández evidencia que “no es un éxito que planes que están generando desigualdad salarial y laboral, como dicen las sentencias de Talavera o Toledo, pasen por ser la solución para una región que ha mantenido una tasa estructural de pobreza de más del 30%”.

Sobre todo, continúa, “cuando los planes de empleo deberían garantizar estabilidad, dignidad y seguridad a la clase trabajadora en lugar de seguir precarizando una región que continúa en el ‘pelotón de cabeza’ de la desigualdad”.

Porque, aprecia el responsable regional de Política Institucional de la formación, tras este acto se está conociendo qué es y qué ha generado esta única medida guardada por el Gobierno autonómico en el ‘cajón de las propuestas que mejoran la vida de la clase trabajadora’.

Esto es, “la legalización de la precariedad laboral avalada por las sentencias judiciales, tras las denuncias de los trabajadores en los juzgados de lo social, por el cobro de un salario inferior que el de los trabajadores de la misma empresa (ayuntamiento de turno) y en el mismo horario”.

Recuerda Txema Fernández que el texto que reguló el último Plan, “ni siquiera contemplaba que la plantilla contratada bajo esta modalidad tuviera que cobrar el salario contemplado para esa categoría y funciones en los convenios colectivos”.

Esto “si antes no se habían aplicado fórmulas de exclusión de estos colectivos en los convenios de los centros de trabajo, algo que está al margen constitucional, o se había sido ‘ingenioso’ en la nomenclatura de las categorías laborales incluidas en las RPT para incluir algunas que no existían legalizando, así, el cobro de menor salario”. Y aunque es posible que esta fórmula sea legal, desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha esperan “que no lo sea porque es absolutamente indecente”.

Por ello, Fernández confía en que las bases del nuevo Plan contemple que los y las candidatas que “puedan optar a un contrato —no a un empleo— que genera derechos diferentes a los que se generan con estos parches temporales, tengan unas características socio-económicas que los sitúan en el borde de la exclusión social o cercanos a colectivos vulnerables”, ya que se trata de “contratar a las personas que peor lo están pasando”. Eso y que se incluya “un apartado de formación para los trabajadores de los planes de empleo, que es inexistente aunque se recoja en las bases”.

TERCERA PEOR DEL PAÍS
Y es que, según apunta IU, en 2021, después de dos legislaturas de presidencia de este PSOE en el Gobierno regional, la renta media por hogar es la tercera peor del país con 26.060 euros, sólo por detrás de Extremadura (22.947 euros) y Andalucía (25.601 euros), tal y como indica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística.

Esta encuesta, añade, también muestra cómo esta Comunidad es la quinta peor autonomía de ingresos medios por persona con una cantidad que asciende a 10.257 euros, “lo que nos sitúa en un 32,5% de personas se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza”, según la tasa AROPE (indicador creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que sirve para medir la pobreza) y con un 27% de la población en riesgo de pobreza.

Un 35% de las familias de la región no pueden ir de vacaciones fuera de casa una semana al año. Un 35,6% de las familias no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 14% ya se retrasa en el pago de recibos relacionados con la vivienda y un 8,5% tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes. Esta es la radiografía del año 2021 tras dos legislaturas de este gobierno en nuestra región.