El Seprona investiga a una persona como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna de Guadalajara

La provincia de Guadalajara presenta unas inmejorables condiciones para la práctica de la actividad cinegética, sin embargo esta, no siempre se lleva a cabo siguiendo las especificaciones reglamentarias.

El pasado mes de marzo la patrulla del Seprona de Brihuega llevó a cabo varias actuaciones relacionadas con posibles conductas de caza ilegal, que finalmente han llevado a la investigación de una persona como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna.

El investigado intentó eludir un control policial

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 20 de marzo cuando el investigado fue interceptado por una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara al realizar maniobras para intentar evitar un control policial en una carretera cercana a la localidad de Valdeavellano.

Una vez personada en el lugar la patrulla del Seprona de Brihuega, encontraron en el interior del vehículo una cabeza decapitada de corzo, que aun se encontraba caliente, armas y útiles de caza preparados para la actividad cinegética.

Se iniciaron entonces diferentes actuaciones policiales, entre ellas la solicitud de información con otras provincias y visionado de lectores de matrícula, que finalmente han llevado a la investigación de una persona y al decomiso de las armas y material utilizado.

Las consecuencias que lleva aparejada la caza ilegal Se entienden como conductas de furtivismo aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias administrativas requeridas, el uso de armas, medios o municiones ilegales, la caza de animales protegidos o las que se llevan a cabo dentro de áreas restringidas o prohibidas.

Dichas conductas están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla-La Mancha que contempla sanciones de hasta 60.000 euros.