Según declaraciones que ha hecho la portavoz del grupo, María José Pérez, el informe número 1419 emitido por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada celebrados por las entidades locales de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, de los ejercicios 2018 y 2019 señala al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
Estamos ante actos opacos al control, cualquiera que sea el vicio que padezcan (nulidad radical o anulabilidad) y que además “vuelan bajo radar” cuando caen bajo el enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas, ya que éste tiene vedado el control de la legalidad ajena al ámbito contable y presupuestario, afirma Pérez.
Cuando se evidencian irregularidades, nuestro deber es indagar y pedir explicaciones a quien gestiona, por mucho que le moleste al Equipo de Gobierno, porque una gestión transparente de los contratos públicos permite explicar a la ciudadanía la gestión de los recursos y, bien practicada, se convierte en la principal herramienta para que sea íntegra y profesionalizada.
María José Pérez ha lamentado que para el Gobierno de Blanco esto no es así. En vez de entregar la documentación solicitada desde primeros de octubre y responder a cada una de las preguntas formuladas por la oposición, ya que estamos hablando de presuntas irregularidades en la contratación de un servicio público, el Alcalde se limitó a interrumpir el debate y a impedir que las personas responsables que están llamadas por el Tribunal y que fueron interpeladas, respondieran, tal y como sucedió con la señora Yolanda Rodríguez.
Es cuanto menos asombroso que una Concejala del Gobierno, como la señora Rodríguez, a la que se le pregunta directamente en varias ocasiones durante la sesión plenaria, por su presunta relación con este asunto cuando en aquel momento no era edil de la Corporación, guardase silencio y permitiese que otro contestase en su nombre. Eso indica que algo tienen que ocultar, de lo contrario, hubiesen entregado toda la documentación y los responsables hubiesen intervenido, cosa que no fue así, afirma Pérez con rotundidad.
La portavoz de la formación de izquierdas ha finalizado haciendo hincapié en la necesidad de corregir y laminar el posible riesgo de la corrupción, que es la más grave patología en un estado de derecho, y ha anunciado que examinarán todo este asunto ante el Tribunal de Cuentas, tal y como lo han solicitado, y permanecerán a la espera de que este órgano se pronuncie y se pueda así depurar responsabilidades.
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