Rouco lamenta que CLM esté “en el último puesto de toda España” en número de jueces, con 10,2 por 100.000 habitantes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha lamentado “la insuficiente plantilla de jueces” en la región, “situándola en el último puesto de toda España”, con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, por lo que ha reclamado un aumento del número de plazas en 40 más, quejándose también de que aún “no se han puesto en funcionamiento las dos plazas creadas el pasado año por falta de instalaciones”.

Así se ha pronunciado en el acto de inicio del año judicial del TSJCM, en Albacete, al que han asistido autoridades como el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca; el alcalde, Manuel Serrano, o el presidente regional del PP, Paco Núñez, entre otros.

La litigiosidad ha alcanzado “cuotas altísimas” durante 2022, con un 8,7% de asuntos ingresados, superando el 10 por ciento de aumento de asuntos civiles en jurisdicción civil, lo que le hace plantearse la posibilidad de un “escenario de crisis económica”, pese a “la elevada capacidad resolutoria”. Además, ha indicado que en cuanto a los asuntos pendientes en trámite superan el 6,9% que “veremos a ver como queda con la incidencia de las huelgas”.

Ha rechazado “polémicas artificiales” cuando entró en vigor la reforma de Código Penal respecto a la ley del ‘sólo sí es sí’, “a cuyo mandato se dio cumplimiento”, al tiempo que ha cifrado en 67 casos los procesos en la región hasta la fecha en los que se han reducido condenas impuestas.

Ha pedido un Pacto de Estado en materia judicial, que aleje a la justicia de la política, que fortalezca la dignidad e independencia del Consejo General del Poder Judicial, así como su renovación en plazo y la reforma su elección con arreglo a parámetros de la Unión Europea, que “despeje las sospechas que ciernen sobre la independencia de jueces”, que los sitúan en “el mal de todo”.

De igual modo, ha mostrado su “desolación” por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que, ha dicho, es culpa de “la confrontación y falta de concertación política” y ha provocado “una grave crisis institucional” que priva al poder judicial de sus competencias para realizar nombramientos de altos cargos.

RESPETO A LA CONSTITUCIÓN
Un viejo dilema “que siempre está de actualidad”, ha afirmado Rouco, es “burlar la ley para encontrar la salida a un problema” aunque implique para ello “retorcerla o tergiversala a conveniencia”. “¿Cuándo no nos queden leyes que burlar, con qué nos defenderemos, qué ley nos quedará?”, se ha preguntado.

Por ello, ha clamado por defender la Constitución y “dar vigencia” a los valores constitucionales, de concordia, de moderación, de entendimiento y necesario reencuentro para asegurar la solidez institucional del Estado. “Protejamos la independencia del poder judicial para hacer valer las leyes que nos defienden a todos”, ha demandado.

En la misma línea, el presidente del TSJCM ha lamentado que no faltan quienes cuestionan “más allá de la legítima crítica” las decisiones judiciales que no son de su agrado, “cuando no la función misma del poder judicial”.

“Pareciera para algunos que los jueces y tribunales somos enemigos de la sociedad en vez de defensores del orden, de la ley y del ordenamiento jurídico”, ha manifestado.

El poder judicial, ha criticado, está sometido al “embate continuo” de acontecimientos que “ensombrecen la vida institucional de España”, con “grave perjuicio” para la calidad de la democracia y del Estado de derecho.

Frente a ello, ha reivindicado, es “imprescindible” proclamar que España tiene “la suerte” de contar con un poder judicial “servido por jueces y magistrados profesionalmente muy competentes, preparadísimos, caracterizados por la vocación e independencia e implicados en su trabajo con espíritu de servicio”.

Profesionales, ha dicho, que están acompañados por otros “excelentes” servidores públicos como fiscales, abogados, procuradores, abogados del Estado y demás personal a su servicio, así como por los forenses y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todos ellos “imprescindibles para que tengamos una auténtica democracia”.