Ecologistas en Acción y SAO se personarán en la denuncia por prevaricación contra responsables de la Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete

A raíz del conocimiento público de la denuncia que se ha registrado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, a través de la cual se acusa de presunta prevaricación a las personas responsables de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete por la ausencia de tramitación o de firma de más de 300 documentos que atañen a expedientes sancionadores en materia de protección de la fauna y de responsabilidad ambiental, las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Ecologistas en Acción de Albacete y Sociedad Albacetense de Ornitología consideran que los hechos son de una gravedad extrema y por ello han decidido personarse en el procedimiento judicial en marcha al objeto de que se depuren todas las responsabilidades.

Como organizaciones de defensa ambiental nos preocupa profundamente el contenido de la denuncia que ha trascendido y lo que de ella se pueda derivar en el futuro, pero, por desgracia, no nos extraña en absoluto una situación que en parámetros análogos ya ha sido objeto de queja por parte de las ONG y de
los agentes medioambientales.

Todo apunta a que en Castilla-La Mancha y, en este relevante caso particular en Albacete, no se están tramitando como debieran los procedimientos de denuncia y resulta especialmente revelador que esto haya tenido que ser puesto de manifiesto a través de la citada denuncia en el Juzgado.

En diferentes ocasiones hemos expuesto la falta de trasparencia en la información de la Consejería y de las Delegaciones Provinciales ante hechos semejantes, así como las denuncias presentadas tanto por nuestras organizaciones. Llama poderosamente la atención el caso omiso que en especial de un tiempo a esta parte se hace de casi todas las solicitudes de información medioambiental sobre denuncias. Los grupos ambientales siguen sin recibir ninguna notificación del inicio de expedientes que afectan a nuestro territorio mermando su derecho a intervenir y, lo que es más importante, sin al parecer lo haga tampoco el órgano ambiental que debe actuar en materia disciplinaria.

Hace pocas semanas también se hacía pública la denuncia de agentes medioambientales en relación con la falta de tramitación por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de diversas actas de infracción levantadas por ellos mismos. En lugar de explicar los motivos de esa falta de tramitación, se les instó a ir a los juzgados. Pues bien, ahora ya sabemos que esta es la vía que han elegido algunos de esos funcionarios que ven ninguneada su tarea de protección del medio ambiente por quienes son los responsables de su gestión.

Conviene recordar, por ejemplo, que en 2022 la SAO ya presentó varios escritos en los que denunciaba, por un lado, la falta de notificación de los inicios de un número importante de expedientes sancionadores por electrocuciones de avifauna protegida ocurridas en 2021 y, por otro, que se estaban dejando caducar también un buen número de ellos (entre 2019 y
2021 se contabilizaban 35 expedientes caducados). El pasado mes de octubre se denuncia también que se ha tenido que volver a recordar a la Consejería que todavía no se había notificado el inicio de 100 expedientes de electrocuciones ocurridas en 2022 y que no se había iniciado ningún expediente sancionador de las 95 electrocuciones ocurridas hasta agosto de 2023, además que se habían dejado caducar otros 34 expedientes.

Denunciamos que tampoco se inician expedientes sancionadores ni de responsabilidad ambiental por la muerte de avifauna por colisión con aerogeneradores. La excusa de la Consejería es que a estos proyectos se les presume un umbral por debajo del cual la mortalidad de avifauna ocasionada por un aerogenerador es aceptable. A día de hoy sigue sin haber un conocimiento público de estos umbrales ni de su encaje legal.

Por todas estas razones, debemos exigir a los responsables políticos provinciales y autonómicos, que hagan una auditoría interna y que expliquen públicamente la gestión en todos estos casos denunciados.

También exigimos que cumplan con su obligación de informar y tramitar todos los procedimientos en los que las organizaciones de defensa ambiental somos parte denunciante o nos hemos personado. Igualmente, y con más razón, se deben de tramitar los expedientes iniciados por los agentes medioambientales o de los que se les da traslado a los servicios jurídicos.

Las organizaciones Ecologistas en Acción y SAO se muestran firmes y decididas a colaborar con la justicia en la aclaración de esta situación y a participar de los procedimientos judiciales que se incoen. Todo ello con la esperanza de que sirva de revulsivo para que la Consejería de Desarrollo Sostenible tramite como es debido las denuncias que le llegan.