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Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Page niega información sobre el borrador del nuevo decreto de gestión de estiércoles de porcinos a asociaciones ambientalistas de la región
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Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Page niega información sobre el borrador del nuevo decreto de gestión de estiércoles de porcinos a asociaciones ambientalistas de la región

jueves 29 de agosto de 2024, 18:42h
Según la solicitud remitida por Ecologistas en Acción de la Manchuela (Cuenca y Albacete) a la Vicepresidencia de la Junta el 19 de marzo de este año, se solicitó información a los responsables de dichas áreas, registrándose debidamente, siendo desoída dicha solicitud hasta la fecha.

Esto, según el grupo ecologista es sumamente grave, ya que es conocida la interlocución que se venía manteniendo con algunas organizaciones agrarias cuyos dirigentes ocupan puestos preeminentes en las patronales del porcino intensivo. Haciéndose público el doble rasero que utiliza la administración, al publicarse, a través de la prensa digital del día 21 de agosto, el rechazo de ASAJA al borrador del nuevo decreto de gestión de estiércoles de porcino.

En la carta también aseguran que estos hechos suponen una violación de Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). En su artículo 6 apartados 1 y 2.

También exponen que la solicitud de información está realizada conforme a la ley de transparencia, que las asociaciones solicitantes cumplen con la normativa al respecto ya que son “entidad de protección ambiental” y son titulares de “intereses legítimos colectivos”, por lo que no hay motivo ninguno para negarles dicha información.

Por todo ello solicitan que se les proporcione de manera inmediata el citado borrador ya que de no hacerlo se estaría violando la ley. Y que se conteste “de una vez por todas a la solicitud de reunión efectuada el pasado mes de Marzo. Contestación obligada tanto por la ley de transparencia y buen gobierno como por la ley de procedimiento Común de las Administraciones públicas”.
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