CSIF, STAS, CCOO y UGT advierten sobre el riesgo de privatización que supone la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha que está preparando el Gobierno Regional de CLM

CSIF, STAS, CCOO y UGT, organizaciones sindicales representativas en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han reclamado hoy una reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para abordar la privatización de los servicios públicos que supondrá la futura Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha.

Esta Ley, que actualmente se encuentra en anteproyecto de Ley a la espera de su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha, introduce la figura de las entidades colaboradoras: empresas privadas que llevarán a cabo todo el procedimiento administrativo en determinados ámbitos que actualmente competen en exclusiva a Función Pública.

Desde CSIF Castilla-La Mancha, su secretaria de Negociación, Victoria Ortiz, explica que “la entrada de estas entidades supondría privatizar las funciones de la Administración. Van a llevar a cabo procedimientos que son propios de los empleados públicos. En lugar de aumentar las plantillas dedicadas a la sanidad, los servicios sociales, medio ambiente, cultura o empleo, entre otros, se da entrada a empresas privadas a cualquier ámbito público”.

En la misma línea, José Luis Martínez, coordinador del sector autonómico de CCOO, señala que “esta ley parte con la buena intención de lograr una agilización administrativa, pero esconde una privatización de potestades que están reservadas al personal funcionario y que son una garantía para el interés general de la ciudadanía”.

Además, la Ley regula una figura que se denomina declaración responsable: permite, mediante autorización expresa de la Administración, proseguir el proceso sin mayor comprobación, teniendo como resultado un posible perjuicio irreversible para el interés de la ciudadanía que difícilmente pudiera ser resarcido una vez causado.

Asimismo, Rosario Madrigal, delegada de UGT, señala que “estamos muy preocupados ante la repercusión que esto va a tener para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, porque puede suponer también un coste económico añadido debido a que los ciudadanos que recurran a estas entidades colaboradoras tendrían que pagar por esos servicios que nos tienes que prestar”, y añade que “también por los datos sensibles que pueden manejar entidades colaboradoras, que no son trabajadores públicos de Castilla-La Mancha.”

Por último, Gustavo Fabra, portavoz de STAS-CLM, ha manifestado que “este proyecto de Ley ha salido sin diálogo social, sin contar con nadie. Pedimos una reunión con el vicepresidente primero, que es de donde emana la norma, y con el consejero de Administraciones Pública, que es donde afecta la norma, y que nos expliquen por qué es necesaria esta medida y qué repercusiones van a tener o tienen ellos previstos que tengan, porque afecta a todos los ámbitos de la Administración Pública. El Gobierno de Castilla de la Mancha tiene que ver qué precio está dispuesto a pagar por la gran privatización de los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Este melón no se atrevió ni a tocarlo Cospedal”.

Los cuatro sindicatos no cierran las puertas a las movilizaciones y de hecho recuerdan las masivas manifestaciones llevadas a cabo en 2012 en defensa de los servicios públicos de Castilla-La Mancha frente a los recortes llevados a cabo por María Dolores de Cospedal.