El Grupo Popular de Guadalajara pedirá la suspensión de las multas a los ayuntamientos por no tener depuradora en cumplimiento de la sentencia del Supremo

El Grupo Popular tratará este viernes en el Pleno que la Diputación de Guadalajara exprese todo su apoyo a los municipios menores de 2.000 habitantes que están siendo sancionados por no contar con depuradora a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que señala que estos “no tienen competencia para el establecimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas”.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, ha informado hoy en rueda de prensa sobre este asunto acompañado del viceportavoz Javier del Río, y del diputado provincial Octavio Contreras, quienes han explicado que la propuesta se presentará en la sesión plenaria en forma de moción para que la Diputación inste al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que, de forma particular, dé traslado a las Confederaciones Hidrográficas con competencias en las cuencas de nuestra provincia, a la paralización y suspensión de cualquier expediente sancionador a los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo”.

El portavoz del PP en la Diputación ha insistido en el apoyo a todos estos municipios que llevan años luchando como si fueran “David contra Goliat” contra un organismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que les persigue y les sanciona continuamente. García ha recordado que “durante este mandato hemos seguido muy de cerca este asunto, visitando y ayudando a los municipios que nos han solicitado ayuda defendiendo sus intereses”. “Todos estos pueblos, que según un análisis que estamos realizando son más de un centenar, tienen ahora un arma definitiva, la sentencia del TS, que desde el Grupo Popular vamos a pedir que se ejecute y se haga cumplir”, ha subrayado el portavoz del PP.

Seguidamente ha citado ejemplos como los 2.000 euros de multa a Anquela del Pedregal, los 3.000 euros a Orea, otros 2.000 euros a Peralejos de las Truchas, a Hueva, Pozo de Almoguera, Retiendas, Tamajón o los 6.000 euros a Valdeconcha. También los 2.000 euros a Bujalaro, Cendejas de la Torre, Negredo y Matillas, por poner solo algunos casos que, “más allá de entrar a juzgar si estos pequeños pueblos ni siquiera necesitan realmente depurar sus aguas residuales, vemos cómo se les sanciona, precisamente a los más pequeños, con multas nada testimoniales para sus presupuestos municipales”, ha apuntado García.

Se ha referido aquí al caso de Jirueque, a cuyo alcalde ha expresado su apoyo públicamente, que ha recibido una sanción de 2.600 euros -el 10% de su presupuesto- porque al limpiar el cauce del río, para lo que tenían autorización, se rompió una tubería y tuvieron que actuar para arreglarla por responsabilidad y por salud pública. “Le animamos a él y a todos los alcaldes afectados a firmar el manifiesto que ha preparado y a seguir en la lucha por sus justas reivindicaciones y los de sus vecinos”, ha dicho García.

La sentencia del TS supone “un gran respaldo legal” para los pequeños ayuntamientos

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Popular, Javier del Río, ha ahondado en el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 16 de octubre, calificándola de “gran respaldo legal” para los ayuntamientos cuando dice literalmente que "ni la legislación estatal básica de régimen local ni la legislación sectorial estatal en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas contienen una atribución directa de competencia a los municipios de 2.000 habitantes para el establecimiento de un sistema de tratamiento de dichas aguas”. “Sienta una importante jurisprudencia para los ayuntamientos menores de 2.000 habitantes que en nuestra provincia son más del 90%”.

Además, la comisión de Políticas de Agua y Medio Ambiente de la FEMP ha tomado conocimiento de dicha sentencia, y sus Servicios Jurídicos han emitido en fecha 11 de diciembre informe jurídico en el que concluye igualmente la NO exigibilidad a los municipios con población inferior a 2.000 habitantes sobre la prestación del servicio o el ejercicio de la competencia relativa al tratamiento o depuración de aguas.

En consecuencia, como es la Junta de Comunidades la competente en la materia, también en virtud de la legislación autonómica, el Grupo Popular ha incluido en la moción el acuerdo para que la Diputación exija a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la realización de todas las actuaciones de depuración de aguas residuales urbanas que sean obligatorias en virtud de la legislación vigente en municipios menores de 2.000 habitantes pendientes de ejecutar en la provincia de Guadalajara.

La sentencia tiene diferentes consecuencias, tal y como recoge la moción del Partido Popular y ha detallado en rueda de prensa el viceportavoz Javier del Río. Por un lado, para las Confederaciones Hidrográficas que vienen sancionando económicamente a numerosos pequeños ayuntamientos por no disponer de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas; sanciones que ahora deben paralizarse, y por otro, para la Junta de Castilla-La Mancha debe dotar a esos ayuntamientos de infraestructuras de depuración allí donde sea pertinente, puesto que la Ley 7/195 reguladora de las bases de régimen local (LRBRL) no atribuye a los municipios de menos de 2.000 habitantes la competencia de depuración de aguas, tal y como indica esta sentencia del TS.